La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, con 335 votos a favor, 150 en contra y una abstención en lo general y paricular el dictamen que reforma el artículo Quinto Transitorio del decreto de la Guardia Nacional y en el que se establece que las Fuerzas Armadas deberán permanecer hasta marzo de 2028 en tareas de seguridad, es decir, nueve años y no diez como se había aprobado el pasado martes en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Por poco más de ocho horas, el pleno debatió en torno a la iniciativa presentada por la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, quien propuso extender un plazo de cinco a nueve años las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, para comenzar el retiro a los cuarteles en marzo de 2028. Sin embargo, esta propuesta fue modificada por su compañera de bancada Cristina Ruiz Sandoval en la Comisión de Puntos Constitucionales.
El dictamen fue aprobado la víspera, el cual se presentó al pleno de la Cámara de Diputados este miércoles con la propuesta de extender a un total de diez años el combate a la inseguridad y el crimen organizado por parte de las Fuerzas Armadas.
Tras la presentación de decenas de reservas, tocó el turno al petista Reginaldo Sandoval quien volvió a la propuesta original de la priista Yolanda de la Torre: nueve años y no diez para que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad pública hasta marzo de 2028.
Así, el pleno camaral dio paso a la reforma del párrafo primero y adicionó los párrafos tercero y cuarto del Artículo Quinto Transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional.
La participación de las Fuerzas Armadas deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, comunidades indígenas y afromexicanos.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que modifica el párrafo primero y adiciona los párrafos tercero y cuarto al Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019, se remitió a la Cámara de Senadores para su discusión y posible aprobación.
El documento señala que, durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
