La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga una supuesta advertencia asentada en una acta de asamblea de las autoridades comunitarias de San Miguel Albarradas, Municipio de Villa de Mitla, en la que se establece una multa económica en contra de los ciudadanos que denuncien actos de abuso de poder o violación de derechos humanos ante el estado.
La presunta disposición marca que “toda persona o personas que se salten a la autoridad municipal en turno y presenten su caso ante otra instancia (municipio, Defensoría o Fiscalía General del estado) serán castigados con una multa económica por la cantidad de cinco mil pesos, más los gastos que se generen de dar respuesta”.
Dicho mandato tiene la autorización de la comunidad, la cual se rige a partir de un sistema normativo interno de usos y costumbres.
No obstante, Bernardo Rodríguez Alamillla, Obudsperson, señaló que la dignidad de las personas y el respeto a sus derechos humanos “son el límite de la jurisdicción de pueblos y comunidades indígenas.
Y resaltó el hecho de que el Estado mexicano reconoce el derecho que tienen las autoridades de las comunidades indígenas para desempeñar funciones jurisdiccionales dentro de su territorio de acuerdo a sus usos y costumbres, sin embargo dicha “jurisdicción tiene límites constitucionales y convencionales”.
Al respecto trascendió el caso de una mujer que fue encarcelada por no haber invitado a las autoridades de San Miguel Albarradas a una comida celebrada con motivo de los festejos del día de la Independencia, el 16 de septiembre de 2022.
