Ciudad Juárez.- El presunto modo de operar de los expolicías municipales acusados de secuestro por un caso de 2023 era, con el uniforme azul de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, privar de la libertad a migrantes que viajaban por camión o hacerse pasar por ministeriales para “reventar” casas con personas en movilidad para después pedir dinero por su libertad.
El relato lo dio una persona que funge como testigo protegido que dijo haber sido forzada para hacer las llamadas de rescate a familiares de las víctimas, bajo amenaza de ser asesinada junto con su familia.
Dicha narrativa fue tema de un fuerte debate ayer entre el juez, la defensoría particular de Saulo D. G. y Juan Manuel R. I., pues fue presentado en una videograbación de audiencia del 30 de mayo de 2023, ya que se trataba de una prueba anticipada recabada así por temor del testigo por su integridad física, debido a esas mismas amenazas.
Durante aquella audiencia de 2023, el juez de Control que recabó la testimonial advirtió a la testigo que cuando fuera el juicio tendría que comparecer si la situación de riesgo cambiaba.
El juicio oral inició y la mujer no pudo ser localizada, por lo que se reprodujo la videograbación, cuestión que fue reiteradamente negada por la defensa, que argumentó que en ningún momento la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas justificó que el riesgo para la víctima persistiera, sino que solo excusó su ausencia por no haber podido hallarla en el domicilio y teléfono que dio tiempo atrás a la representación social.
Inclusive los defensores interpusieron ante el juez Arnulfo Arellanes Hernández un recurso de revocación de su decisión de permitir la prueba, y después, ante la negativa del juez, un recurso de queja, que también fue negado por el resolutor al considerar que no hubo omisión alguna de su parte.
El testimonio proyectado es de la familiar de uno de los presuntos involucrados junto con los expolicías, y en él se señalaba que conocía a Juan (de alias “Pancho” o “Ches”), a Saulo (de alias “Delta”, “Delgado” o “Moreno”) y a Brian Fernando H. R., un tercer policía municipal apodado “Bravo” o “Júpiter”.
La testigo dijo que duró tres semanas privada de la libertad en una casa en la colonia Felipe Ángeles, entre Chiapas y Joaquín Terrazas, y en una barbería a un lado de dicha vivienda, ambas propiedad de “Bravo”, quien le pidió primero como favor llamar para pedir dinero que tenía prestado en distintas partes, pero luego amenazó para exigir el dinero de rescate por teléfono a las víctimas migrantes secuestradas.
“El Ches”, dijo, movía a personas entre las diversas bodegas que utilizaban como casas de seguridad para ocultar migrantes privados de la libertad, y a aquellos cuyas familias no pagaban rescate los llevaba a lugares sin agua ni comida.
“Delta”, por su parte, movía “cajas”, y explicó que eso son “las personas indocumentadas” que secuestraban o traficaban, así se les decía en el argot criminal. Además, era quien bajaba personas de los camiones de pasajeros para luego secuestrarlas.
“A veces iban en patrullas, y había días que llegaban con su uniforme”, contó en mayo de 2023.
La mujer pudo salir luego de tres semanas, pero bajo la amenaza de “Bravo” de irse de la ciudad y negar conocerlo, pero ante la situación económica adversa la testigo y su familia no pudieron irse de la ciudad, sino que tuvieron que cambiar de casa constantemente por el acoso de patrullas de la Policía Municipal, aseguró ante el Tribunal de Garantía.
El juicio continuará en los próximos días, y se definirá luego si Saulo D. G. y Juan Manuel R. I. son responsables o no del secuestro agravado de dos víctimas privadas de la libertad el 9 de mayo de 2023 luego de que llegaron a Juárez para intentar ir a Estados Unidos.
