Desde que inició el 2024 y hasta lo que va del 2025, han acudido 32 personas a interponer su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por actos de tortura, entendidos como aquellos en los que se inflige dolor y daño físico o psicológico con la finalidad de castigar o de obtener algún tipo de información, comúnmente llamadas pruebas, para esclarecer un delito.
En la mayoría de los casos, los hechos fueron cometidos tiempo atrás; es decir, la denuncia no fue inmediata debido al temor a represalias. Aunque ese miedo no ha desaparecido del todo, las víctimas decidieron acudir a exponer su situación.
La primera visitadora, Zulay Alaíd Abbud Esparza, señaló que dentro de los diversos temas que se denuncian, destacan los relacionados con tortura, y que en su mayoría los afectados acuden asesorados por algún abogado.
“Buscando en nuestros registros institucionales, tenemos un número total de 32 investigaciones que se han aperturado con motivo de este tema y, generalmente, son personas que están privadas de la libertad o bien que lo estuvieron en algún momento en Ciudad Juárez”, explicó.
Del periodo 2024-2025, de esas 32 quejas, 10 investigaciones ya fueron cerradas y 22 permanecen abiertas, detalló Abbud Esparza.
“Lamentablemente no todas las personas se acercan a la Comisión Estatal, entonces yo consideraría que hay una cifra negra que no estamos teniendo visible. Pero así se presenten 5 o un solo caso, soy muy reiterativa con ello, porque a veces la gente lo desconoce: el ente transgresor tiene que ser una instancia del gobierno, municipal, estatal o, en su defecto, federal; en ese último caso sería competencia del organismo nacional”, externó la titular de la CEDH.
Abbud Esparza puntualizó: “Lo grave es que es la autoridad —que debería procurar el bienestar, la seguridad y el orden de una ciudad, de un municipio, de un estado o de un país— la que se señala como responsable”.Agregó que, recientemente, fueron invitadas a la graduación de elementos que concluyeron su academia de la Policía Municipal, y dijo acudir con la expectativa de contar con una corporación que respalde, respete y cuide a la ciudadanía, y no que los ciudadanos deban cuidarse de ella, como ocurre en los 22 casos que están en investigación.
Finalmente, Abbud Esparza resaltó que “algunas investigaciones se concluyen porque las personas ya no desean continuar con el proceso, pero para nosotras esto es un indicador importante: no podemos continuar con la indagatoria porque no se hace de manera oficiosa, como en un delito donde la autoridad tiene la obligación de darle seguimiento. Estos son delitos que se persiguen de oficio, independientemente de que la persona quiera retirar los cargos o no”.
