Las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas contra la guardería Techo Comunitario continúan en desarrollo, con un total de 26 carpetas de investigación iniciadas hasta el momento, informó la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM), Wendy Chávez.
La funcionaria estatal detalló que, de ese total, once carpetas ya han sido judicializadas, lo que representa un avance significativo en los procesos legales que se siguen por los presuntos delitos cometidos en dicho centro de cuidado infantil.
Precisó que, entre los casos judicializados, existen tres causas que concluyeron con sentencia absolutoria y que actualmente se encuentran en espera de resolución de apelación, así como una causa con sentencia condenatoria firme.
Asimismo, Wendy Chávez señaló que hasta ahora solo una persona del sexo femenino ha sido imputada formalmente dentro de estas investigaciones relacionadas con la guardería Techo Comunitario.
Cabe recordar que durante una audiencia celebrada el pasado martes 9 de diciembre en la Ciudad Judicial, el juez Christian Jonathan Gasca Núñez dictó una sentencia de cinco años de prisión contra Naomi Yamilé R. P., quien se desempeñaba como trabajadora de la guardería.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la pena impuesta fue considerada mínima, ya que, según el juez, no se aportaron los elementos probatorios suficientes para imponer una sanción mayor por parte de la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Familia.
Como parte de la resolución judicial, Naomi Yamilé R. P. deberá cumplir su condena en el Centro de Reinserción Social Femenil de Ciudad Juárez, mientras que el monto correspondiente a la reparación del daño será determinado posteriormente por el Juez de Ejecución de Penas.
La hoy sentenciada fue encontrada culpable a principios de diciembre por el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de un menor identificado con las iniciales L. A. E. A., quien al momento de los hechos tenía un año y once meses de edad.
Según la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre el año 2022 y julio de 2023, periodo durante el cual el menor presentó indicadores claros de haber sido víctima de agresiones reiteradas.
Durante el juicio, la representación social presentó evaluaciones psicológicas practicadas al menor, en las que peritos acreditaron la existencia de daño psicológico severo, derivado de los abusos sufridos en repetidas ocasiones.
Este caso generó una profunda consternación en la comunidad juarense, al sumarse a otras denuncias presentadas en distintas guarderías de la ciudad, varias de las cuales fueron clausuradas en su momento por las autoridades, lo que abrió un debate sobre la supervisión y seguridad en los centros de cuidado infantil.
