
A casi un año y medio del secuestro de Héctor Yair Chico Sánchez, su familia continúa sin conocer su destino y denuncia que, pese a haber pagado un rescate de cuatro millones de pesos, y proporcionar información que podría conducir a los responsables, las investigaciones no han presentado avances significativos.
Su madre, quien solicitó permanecer en el anonimato por razones de seguridad, relató que el joven tenía 17 años cuando fue privado de la libertad el 1 de agosto del año pasado, mientras ella y otros familiares se encontraban en un viaje a Ciudad Madera, Chihuahua, tras el fallecimiento de un sobrino.
“No desapareció, me lo secuestraron”, enfatizó la mujer al rechazar que el caso sea tratado como una ausencia voluntaria.
Explicó que Héctor permanecía solo en la vivienda cuando un grupo de personas ingresó por el patio y se lo llevó por la fuerza. Desde ese momento comenzó una desesperada búsqueda que incluyó la denuncia inmediata ante las autoridades.
Según su testimonio, los secuestradores inicialmente exigieron seis millones de pesos para liberarlo, aunque posteriormente redujeron la exigencia a cuatro millones y finalmente a dos.
Para reunir esa cantidad, la familia vendió vehículos y diversas pertenencias, además de recibir el apoyo de amigos y conocidos: “Toda la gente me ayudó (…), vendimos carros, pertenencias. Uno hace todo por sus hijos”, expresó con la voz entrecortada.
A pesar de haber cumplido con el pago, la familia nunca volvió a tener noticias de Héctor: “Hasta ahorita no ha habido ni respuestas ni nada de mi hijo. Nomás me dicen que están investigando”, lamentó.
La madre señaló que el dinero fue depositado mediante transferencias bancarias y que las propias operaciones proporcionaron nombres de las personas titulares de las cuentas receptoras, información que fue entregada a la Fiscalía.
“Se les entregó nombres, se les entregó todo”, afirmó. Sin embargo, asegura que a un año y medio del secuestro no han sido identificados los responsables, no hay personas detenidas y tampoco existen resultados sobre el rastreo del dinero ni sobre el paradero del joven, pese a que la familia considera que existían elementos para seguir la ruta de las transferencias.
Durante este tiempo también acudieron al Servicio Médico Forense para realizar pruebas de ADN, debido a la esperanza de descartar que Héctor estuviera entre personas fallecidas sin identificar.
“Nos mandaron al Semefo a hacerle una prueba de ADN y no, no me han hablado, no me han dicho nada hasta ahorita”, comentó.
La mujer también criticó el trato recibido por algunas autoridades. Relató que, al acudir a una oficina de la Fiscalía, le indicaron que el caso era considerado como una persona ausente y no como un secuestro.
“Me dijeron que ahí no existe el secuestro, que para ellos es ausente. Le dije: mi hijo no es ausente porque no se fue; a mi hijo se lo llevaron de la casa”, recordó.
Actualmente, explicó, mantiene seguimiento del expediente únicamente con la unidad antisecuestro, aunque asegura que las respuestas siguen siendo las mismas.
“Nomás me dicen que ahorita, que están investigando, pero ese ‘ahorita’ ya lleva un año y seis meses”, reclamó.
Mientras continúa la incertidumbre, la familia también enfrenta las consecuencias emocionales del crimen. Héctor dejó un hijo, hoy de tres años, quien actualmente vive con su abuela materna junto con la madre del menor.
Con la proximidad del primer año y medio del secuestro, la madre reiteró su llamado para que las autoridades aceleren las investigaciones y esclarezcan el caso, que, asegura, permanece prácticamente estancado pese al pago millonario del rescate y a la información entregada desde el inicio de la investigación.

