Al no alcanzar ocho votos para proceder al estudio de fondo de las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó los recursos que presentaron PAN, PRI, MC y Unidad Democrática de Coahuila, así como de diputadas de Zacatecas.
Ocho ministros que, evidentemente, consideran la reforma judicial como un traspié en la historia de la justicia mexicana aceptaron discutir el tema en el pleno, pero eso no se tradujo en que la reforma vaya a ser detenida.
Como ‘Crónica’ anticipó en notas previas, para algunos ministros era vital brindar su testimonial sobre lo que está ocurriendo (el despido de jueces y la elección pone a otros en votaciones populares), pero no se traducía en que estuvieran dispuestos a frenar una reforma constitucional legalmente decidida en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales.
Esta diferencia no tardó mucho en saltar a la vista y la posibilidad de frenar la reforma judicial morenista en la Suprema Corte se disipó rápidamente.
Al arrancar el debate sobre el proyecto de resolución a acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos contra reformas al Poder Judicial desde la Constitución mexicana, Alberto Pérez Dayán se apartó de la mayoría de ministros que apoyan echar debajo de manera parcial las modificaciones, y su postura se sumó a la de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes pidieron que al asunto no se abordara por carecer de legitimidad, incluso de exponer que ellos, los jueces constitucionales, no tienen facultades para desestimar el contenido de la Carta Magna.
La posición de Pérez Dayán deja en estatus muerto un freno definitivo a la refirma judicial.
Lo único logrado para la causa opositora es que con ocho votos a favor, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que es legítimo que los partidos políticos presenten acciones de inconstitucionalidad.
