Ciudad Juárez.- Para Héctor Daniel A. G., confesar frente a un juez que portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército el viernes por la madrugada en Juárez Nuevo, sirvió de oportunidad para hacer notar el presunto actuar ilegal de los policías municipales que lo detuvieron.
A.G. subió al estrado en dos ocasiones, para hablar de cómo la madrugada del viernes 7 de febrero llevaba un arma fajada a la cintura en la parte frontal izquierda –es zurdo–, oculta de su novia, con quien esperaba la llegada de un “Uber” para irse a su casa, luego de una noche juntos. Así los abordaron los oficiales de la unidad 608 de la Policía Municipal, ella a bordo de su coche, de piloto, y él fuera por el lado del copiloto, con la puerta abierta.
Pero los agentes contaron otra versión: que A. G. iba solo y de madrugada por la avenida De las Torres, y que llevaba un arma corta en la mano derecha, y al oír el “pato” de la patrulla 627, se la fajó del lado derecho e intentó acelerar el paso, pero fue alcanzado, revisado y detenido.
La versión del acusado es que los oficiales cuestionaron que estuvieran de madrugada sobre un coche con la puerta abierta. Les preguntaron si llevaban algún objeto ilegal, y él respondió que en el coche no, pero él sí llevaba un arma, que había comprado “por protección y por la pen…”, le dijo al juez. Mientras era revisado por los oficiales, le pidió a su novia llamar a su prima, y ella a la mamá del acusado, y en ese contacto telefónico otro policía despojó del celular a la mujer y empezó a revisar el móvil, fotos, redes, conversaciones, sin permiso. Y cuando la mujer reclamó, el agente la tomó fuerte del brazo y la estrelló contra la patrulla.
El agente le dijo enseguida que si quería su teléfono de vuelta, le tenía que dar dinero, y otro más si querían liberar en el lugar a Héctor Daniel. Sólo juntó mil 400 pesos por su celular.
El juez federal de control José Avelino Orozco Córdova señaló que resultaba inverosímil que los oficiales prefirieran mentir sobre la detención, pues era más sencilla la versión en que A. G. acepta desde el inicio llevar el arma.
El juez dijo que había información suficiente para valorar que existía un delito y que A. G. es el presunto responsable de él, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, una Stoeger STR-9F, calibre 9 milímetros, de hechura italiana con 15 cartuchos útiles en su cargador. Fue vinculado a proceso, y enviado a prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso, además de que se dio un mes a las partes como plazo para la investigación complementaria.
