El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano logró que sus principales propuestas sean incorporadas a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, acuerdo que será trabajado mañana en su articulado dentro del Congreso de la Unión. Tras el avance en las negociaciones, los bloqueos carreteros comenzarán a desactivarse; sin embargo, los productores permanecerán en las zonas de protesta para supervisar el proceso legislativo y acompañar la redacción final de los cambios acordados.
Durante la tarde de este miércoles, las negociaciones entre el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y autoridades federales estuvieron a punto de concluir, sin embargo, al momento de la firma se detectaron errores en el documento final, explicó Eraclio “Yako” Rodríguez, líder del movimiento. “Ya estábamos firmando y luego encontramos unos errores, faltaban unos nombres y otros no aparecían, incluso había nombres de gente que no está aquí”, detalló.
Ante esta situación, los productores devolvieron el expediente para que fuera corregido e impreso nuevamente. Rodríguez señaló que este contratiempo retrasó el cierre del acuerdo, pero no frenó los avances logrados durante la jornada. “Regresamos todo otra vez para que lo vuelvan a imprimir”, comentó.
Entre los acuerdos alcanzados, uno de los más relevantes es la modificación a la Ley de Aguas Nacionales, la cual, según el dirigente, contempla cambios que dan mayor certeza a los usuarios agrícolas. Explicó que la propuesta elimina los delitos establecidos en la legislación vigente y conserva únicamente las sanciones administrativas, lo que representa un avance significativo para el sector.
Asimismo, se acordó el reconocimiento de todos los pozos con folio 8, así como aquellos que fueron perforados hace décadas mediante programas de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y que carecían de documentación. Estos pozos, al igual que los pozos ganaderos, recibirán por primera vez sus títulos correspondientes, afirmó Yako Rodríguez.
El acuerdo establece también la expedición de títulos a ejidos, comunidades y núcleos agrarios que cuentan con pozos de agua potable sin regularización. Otro punto clave es la eliminación de la retroactividad de la ley, con lo que se da certidumbre jurídica a los usuarios tradicionales del recurso hídrico.
En el caso de los distritos de riego, se plantearon ajustes en los organismos de administración y control, particularmente en la parte gubernamental; no obstante, la representación de los usuarios del agua permanecerá sin cambios. Yako Rodríguez explicó que la estructura en los Consejos de Cuenca donde participan productores no sufrirá modificaciones, mientras que sí se harán ajustes en los órganos integrados únicamente por autoridades federales.
Otro punto relevante es el retiro de los bloqueos carreteros. El líder campesino adelantó que la circulación será restablecida en la mayoría de los puntos, aunque algunos grupos permanecerán en las zonas de protesta mientras se traduce el acuerdo en su articulado final dentro del Congreso de la Unión. “No nos vamos hasta mañana, queremos estar atentos mientras se avance en el articulado”, indicó.
El documento establece que la agenda nacional agrícola continuará en análisis a partir del 8 de diciembre, con mesas de trabajo en las que participarán el Frente Nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y el organismo Alimentación para el Bienestar.
Yako Rodríguez informó que los acuerdos sobre agua se alcanzaron con la Dirección General de Administración del Agua y con representantes de la Cámara de Diputados. Destacó la intervención del ingeniero René Almeida, ex secretario de Desarrollo Rural en la administración estatal anterior, a quien reconoció por su apoyo técnico durante la negociación.
Al encuentro también asistieron el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal; el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval; así como los legisladores Alejandro Domínguez y Tony Meléndez por Chihuahua. Para los productores, el acuerdo representa un avance en dos direcciones: brindar seguridad jurídica en el uso del agua y abrir un nuevo capítulo hacia un modelo agroalimentario renovado, concluyó Yako Rodríguez.
