El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y Organizaciones Acompañantes lanzó una alerta urgente ante el incremento de la violencia en diversas regiones del país, que ha obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares para salvar la vida. Denunciaron que, mientras el desplazamiento crece en estados como Chihuahua, Guerrero y Michoacán, las respuestas del Estado siguen siendo reactivas, limitadas y, en muchos casos, inexistentes.
El desplazamiento forzado interno (DFI), subrayan, no es solo una consecuencia de la violencia criminal, sino también del fracaso del Estado para garantizar seguridad, prevenir delitos y proteger a la población en territorios bajo disputa.
De manera particular, el estado de Chihuahua se ha convertido en uno de los focos más críticos, luego de que más de 200 familias se convirtieron en víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI) en menos de 24 horas en la seccional de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, en la región serrana.
Las familias, en su mayoría encabezadas por mujeres, niñas y niños, huyeron ante el recrudecimiento de la violencia, dejando atrás sus viviendas, pertenencias y medios de subsistencia para resguardarse en la ciudad de Hidalgo del Parral.
El Colectivo advirtió que este fenómeno no es aislado, ya que desde noviembre de 2025 organizaciones civiles en Chihuahua han documentado un éxodo constante, con la llegada diaria de una o dos familias desplazadas hacia zonas urbanas del estado.
Sin embargo, señalaron que la respuesta institucional ha sido insuficiente, debido a que autoridades municipales y estatales han minimizado la gravedad de la crisis, lo que ha impedido la implementación de medidas eficaces de atención.
El desplazamiento forzado interno, explicaron, es consecuencia directa de la violencia generada por grupos criminales, quienes ejercen control territorial mediante amenazas, reclutamiento forzado, desapariciones, extorsión y otros delitos que obligan a las comunidades a huir.
Además, denunciaron que las personas desplazadas enfrentan incertidumbre jurídica y carecen de mecanismos claros de protección, atención humanitaria y acceso a la justicia, lo que agrava su situación de vulnerabilidad. Aunado a que oficialmente no se les reconoce como víctimas.
En este contexto, las organizaciones hicieron un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para garantizar protección inmediata y atención humanitaria a las familias desplazadas en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo.
Asimismo, exigieron la generación de acciones interinstitucionales que permitan la reubicación temporal de las comunidades afectadas, así como el diseño de rutas claras para el retorno seguro o, en su caso, la reubicación definitiva con condiciones dignas.
Para el caso específico de Chihuahua, solicitaron la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional en coordinación con el Gobierno Federal, donde participen víctimas y organizaciones acompañantes, con el fin de construir soluciones reales y sostenibles.
También subrayaron que no basta con la existencia de leyes o instrumentos normativos si estos no se traducen en acciones concretas, presupuesto suficiente, personal capacitado y mecanismos operativos eficaces para atender esta crisis.
El Colectivo alertó que la falta de reconocimiento del problema por parte de algunas autoridades contribuye a la permanencia del desplazamiento forzado y a la profundización de sus efectos en las comunidades.
Reiteraron que el Estado mexicano debe implementar de manera inmediata protocolos de seguridad y atención integral, así como estrategias de largo plazo que atiendan las causas estructurales de la violencia y prevengan nuevos desplazamientos en el país.
Finalmente, advirtieron que si el Estado mexicano continúa sin reconocer plenamente la gravedad del desplazamiento forzado interno, los episodios como el de Atascaderos no solo se repetirán, sino que podrían escalar en número y violencia, profundizando una crisis humanitaria que ya es inocultable.
