Un total de 57 menores de edad perdieron la vida en diferentes contextos de violencia familiar en Chihuahua en los últimos 8 años, donde padres o tutores aplicaron mecanismos de extrema violencia para terminar con la vida de cada uno de ellos.
El último de los casos registrados en el estado fue el de Eitan Daniel, de 18 meses, quien fue localizado sin vida, abandonado en la carretera Juárez a Casas Grandes. Su cuerpo presentaba visibles huellas de violencia y no contaba con registro oficial de identidad, por lo que la Fiscalía General del Estado lanzó una pesquisa para tratar de identificarlo.
Días después de que se diera a conocer la noticia, se esclareció que el menor fue asesinado por sus padres, quienes, de acuerdo con las investigaciones, lo golpearon hasta provocarle la muerte, a causa de la violencia que sufrió a su corta edad.
Además del caso de Eitan, en 2026 la Fiscalía General del Estado ha documentado otro caso de “infanticidio” en la entidad, ambos concentrados en la franja fronteriza de Juárez. El 4 de marzo, Daniel Alejandro, de 6 años, llegó a la Clínica 66 del IMSS sin signos vitales, aparentemente por golpes y lesiones que le arrebataron la vida.
Un año previo, en 2025, las autoridades estatales documentaron cuatro casos de homicidios de niños, todos en un rango entre los 12 meses y los 11 años de edad. El caso de Jasiel Giovanny fue uno de los que más marcó a la sociedad por la forma en que fue privado de la vida y por el intento de ocultar su deceso.
El caso de Jasiel ocurrió en la ciudad de Chihuahua en julio de 2025 y conmocionó a la sociedad por la rapidez con la que pasó de una desaparición a un homicidio confirmado. El niño, de 8 años, desapareció la noche del 2 de julio tras salir a jugar a un parque cercano a su domicilio en el fraccionamiento San Agustín.
Su madre solicitó apoyo público mientras se activaban operativos de búsqueda y, al día siguiente, el 3 de julio, familiares localizaron su cuerpo sin vida a pocas cuadras. Ese mismo día, las autoridades confirmaron que se trataba de una muerte violenta; posteriormente se informó que el menor fue atacado con arma blanca y presentaba indicios de agresión sexual, lo que generó una fuerte indignación social y exigencias de justicia.
El 7 de julio de 2025, la Fiscalía imputó formalmente al padrastro del menor, Abraham Alejandro F. D., por los delitos de homicidio agravado, violación y violencia familiar, al ser quien estaba a cargo del niño al momento de su desaparición.
Ese mismo año, pocos días después (17 de julio), fueron reportados como desaparecidos Jesús Omar, de 35 años, y sus dos hijas, Genesis y Lieyla, de 5 y 9 años, quienes fueron vistos por última vez en la carretera Chihuahua a Parral, por lo cual se había lanzado una alerta y pesquisa para tratar de dar con su paradero.
Dos días después se dio a conocer la localización de los tres al interior de un vehículo, el cual fue encontrado estacionado en la presa Parral, donde se confirmó que habían perdido la vida.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado confirmó que los tres murieron por intoxicación, ya que se les había suministrado un químico que les quitó la vida en cuestión de segundos; finalmente, él se quitó la vida de la misma forma, según los estudios forenses realizados en la escena.
Luego se dio a conocer que este hecho se desprendió de una disputa por la posesión de las niñas, donde el padre, en una oportunidad que tuvo, las sacó de la ciudad y realizó el fatal desenlace.
Del 2019 a la fecha, 57 niños han perdido la vida en condiciones similares; al año, entre 4 y 11 mueren a causa de la violencia ejercida por padres o tutores, y en casi el 95 por ciento de los casos el entorno familiar conocía o sabía del sufrimiento que padecían.
Del 2020 al 2022, periodo en el que se concentró la pandemia por Covid-19 en el estado de Chihuahua, y que obligó al resguardo en los hogares y a una convivencia familiar ininterrumpida, se registró el mayor número de asesinatos de niños, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado.
En 2020 un total de 9 niños fueron privados de la vida; en 2021 la cifra se mantuvo en 9 casos y en 2022 aumentó a 10, sumando 28 en un lapso de tres años.
En 2023 la cifra se redujo de forma considerable, al registrarse 4 casos; para 2024 subió a 8 y en 2025 disminuyó nuevamente a 4, según la estadística oficial.
Otro de los casos que marcó a la sociedad fue el de Seyni Camila, de 7 años, uno de los hechos más impactantes por la violencia ejercida contra una menor. La niña fue reportada como desaparecida el 24 de octubre de 2018, luego de ser privada de la libertad mientras jugaba afuera de su domicilio.
Tras la denuncia, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, incluida la Alerta Amber, mientras familiares y ciudadanía emprendieron acciones para tratar de localizarla. Tres días después, en la madrugada del 27 de octubre, la Fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor en una zona despoblada al sur de la ciudad.
Las investigaciones llevaron a la detención de un conductor de plataforma identificado como Juan Manuel “N”, quien en un inicio se presentó como testigo, pero posteriormente incurrió en contradicciones que lo vincularon con el crimen. De acuerdo con las indagatorias, el sujeto engañó a la niña para subirla a su vehículo, la trasladó fuera de la zona urbana, donde cometió agresiones sexuales antes de privarla de la vida.
Casos como este se repiten en otros nombres como Raymundo, Esmeralda, Alondra, Daniel y Juan Manuela; son solo algunos de los muchos casos que se han registrado en la entidad y que siguen a la espera de ser esclarecidos o de obtener justicia.
