La violencia sin tregua que ha provocado la salida más de 500 personas del seccional de Atascaderos en Guadalupe y Calvo, no sólo dejó sin sacerdote desde que comenzó el año a los pocos pobladores que quedaban, sino que ahora pese al regreso de casi la mitad de los desplazados, tampoco podrán celebrar los rituales de Semana Santa ya que a decir del párroco de la cabecera municipal y encargado interino de la comunidad, Gabriel Hernández, no hay condiciones ni siquiera para mandarles misioneros, equiparando la situación de esta zona del “Triángulo Dorado” con Medio Oriente donde los católicos también vivirán su viacrucis encerrados en sus casas.
Este año, en Atascaderos no habrá campanas, ni procesiones, ni templos llenos. La Semana Santa —una de las celebraciones más importantes para la vida comunitaria— se vivirá en silencio, desde casas prestadas, albergues o refugios improvisados, lejos del pueblo que decenas de familias tuvieron que abandonar por la violencia. No se trata solo de una pausa religiosa: es el reflejo de una comunidad fracturada, desplazada y aún sin condiciones para regresar.
Desde el 28 de diciembre, cuando se realizó la última visita pastoral, la situación en esta comunidad serrana del municipio de Guadalupe y Calvo cambió de forma drástica. A partir de enero, el incremento de los hechos violentos en distintos puntos del territorio —particularmente en los tramos que conectan zonas como El Ocote y Trascadero— convirtió los caminos en rutas de riesgo y obligó a suspender no solo las actividades religiosas, sino prácticamente toda la dinámica comunitaria. Lo que antes era una vida rural marcada por la convivencia, el trabajo en la tierra y las tradiciones, se transformó en un escenario de incertidumbre permanente.
El párroco Gabriel Hernández describe que, desde entonces, el acceso a la comunidad ha sido imposible. Las condiciones de seguridad no garantizan el tránsito ni la permanencia, lo que ha impedido el acompañamiento presencial de la Iglesia. Hasta diciembre, sacerdotes de la región acudían de manera regular para celebrar misa y mantener el vínculo espiritual con los habitantes; sin embargo, el recrudecimiento de la violencia obligó a interrumpir esta práctica. “No es prudente convocar ni exponerse. La situación no lo permite”, explicó.
El desplazamiento forzado se hizo visible en febrero, cuando el propio sacerdote y otro presbítero se encontraron con una caravana de aproximadamente 30 vehículos que abandonaban la zona. La escena ocurrió en medio del camino, cuando una de las camionetas se detuvo por una falla mecánica. Ahí, en ese punto improvisado, se concentró el dolor de una comunidad que huía sin certeza de retorno. Familias enteras descendían de los vehículos, algunas con lágrimas en los ojos, otras en silencio, cargando lo poco que pudieron rescatar. Dejaban atrás sus casas, sus animales, sus pertenencias y, sobre todo, su historia.
El sacerdote recuerda ese momento como uno de los más duros que ha presenciado. Las personas se acercaban buscando una palabra, una bendición, una señal de consuelo en medio del desconcierto. “Nos preguntaban qué iba a pasar con ellos, a dónde iban a llegar”, relata. No había respuestas claras. Solo gestos: oraciones compartidas, abrazos y bendiciones antes de continuar el trayecto. Para muchas de esas familias, ese fue el último contacto con su comunidad. Hasta ahora, una parte significativa no ha regresado.
El retorno, de hecho, ha sido mínimo. De acuerdo con la información recabada a través de docentes y habitantes que mantienen comunicación con la parroquia, solo un porcentaje reducido de familias ha vuelto a Atascaderos, principalmente para vigilar propiedades, cuidar animales o intentar recuperar parte de su vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría permanece fuera, ante el temor de que los enfrentamientos se repitan. Las clases presenciales continúan suspendidas, y la vida comunitaria, en su sentido más amplio, sigue interrumpida.
Aunque en la zona se ha reportado la presencia de corporaciones de seguridad —incluyendo elementos de la policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional—, esto no ha sido suficiente para generar confianza entre los pobladores. La preocupación no se limita al presente, sino a lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato. La posibilidad de que estas fuerzas se retiren y la violencia resurja mantiene a las familias en una espera cautelosa. La incertidumbre, en este contexto, se convierte en un factor determinante para decidir si regresar o no.
En el ámbito religioso, la situación adquiere matices particulares. Desde agosto del año pasado, Atascaderos no cuenta con un sacerdote asignado de manera permanente, por lo que el acompañamiento pastoral se realizaba mediante visitas periódicas desde otras parroquias. Este esquema, ya de por sí limitado, quedó completamente suspendido con el inicio de los hechos violentos. A ello se suma una composición religiosa distinta a la de otras comunidades de la diócesis: aproximadamente dos tercios de la población pertenece a congregaciones apostólicas, mientras que el resto es católico. Este último grupo es el que, en gran medida, ha sido desplazado, lo que ha reducido aún más la presencia de prácticas católicas en la zona.
