En los últimos años, el debate sobre la seguridad en las escuelas ha crecido al mismo ritmo que la preocupación por el respeto a los derechos de estudiantes. Autoridades educativas y organismos de derechos humanos coinciden en algo: garantizar espacios seguros no debe significar, bajo ninguna circunstancia, vulnerar libertades básicas.
Yahir Hernández, titular del área de capacitación, promoción y difusión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), explica que cualquier institución educativa —sin importar el nivel— tiene la obligación de proteger a su comunidad estudiantil. Esto incluye derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad, la salud y la libre expresión.
Sin embargo, en la práctica, ese equilibrio no siempre es sencillo. Hernández señala que hay situaciones en las que, bajo el argumento de reforzar la seguridad, se adoptan medidas que pueden rebasar los límites de lo permitido, especialmente cuando se trata de menores de edad.
“Uno de los casos más representativos es el de las revisiones escolares, comúnmente conocidas como programas de “mochila segura”. Aunque buscan evitar el ingreso de objetos o sustancias prohibidas, su aplicación indiscriminada ha sido cuestionada por vulnerar derechos básicos del alumnado”.
Hernández añadió: De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre este tema, al considerar inconstitucionales ciertas prácticas que implican revisar pertenencias sin criterios claros, sin consentimiento o sin protocolos adecuados.
El problema, apunta Hernández, no es la intención de prevenir riesgos, sino la forma en que se implementan estas medidas. Cuando no hay racionalidad, legalidad o respeto al principio de dignidad, se corre el riesgo de convertir una acción preventiva en una violación de derechos humanos.
En este contexto, las escuelas enfrentan un desafío complejo: garantizar la seguridad sin criminalizar a los estudiantes. Esto implica reconocer que situaciones como el consumo de sustancias deben atenderse desde un enfoque integral y no sancionador.
La CEDH ha insistido en la necesidad de transformar estos mecanismos. Más que operativos reactivos, lo que se busca es impulsar intervenciones preventivas que involucren a docentes, familias y comunidad escolar en su conjunto.
Este enfoque, explica Hernández, permite atender los problemas de raíz y no solo sus consecuencias. Además, favorece un ambiente de confianza donde los estudiantes pueden expresarse sin temor a ser señalados o castigados de forma injusta.
A pesar de los avances, el funcionario reconoce que aún queda camino por recorrer. “En estados como Chihuahua, por ejemplo, se han realizado esfuerzos para armonizar protocolos y ajustarlos a estándares de derechos humanos, pero los resultados todavía son limitados”.
Las quejas recibidas por organismos defensores son limitadas, sin embargo, reflejan que persisten prácticas que deben revisarse. Estas denuncias, lejos de ser un obstáculo, se convierten en indicadores clave para replantear estrategias y corregir errores.
El reto, concluye Hernández, es claro: construir entornos educativos seguros donde los derechos no sean negociables. Porque proteger a los estudiantes no solo implica cuidarlos de riesgos externos, sino también evitar que, desde las propias instituciones, se vulneren sus garantías más básicas.
