La Corte Penal Internacional (CPI) tachó hoy de «ataque flagrante» a su independencia las sanciones que Estados Unidos dictó contra su Presidenta, la japonesa Tomoko Akane, una medida criticada por la UE y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La corte, con sede en La Haya, procesa a acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas.Las sanciones fueron anunciadas ayer por Estados Unidos, que estima que la CPI es una institución «politizada», y afectan también al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la alta corte.La medida implica que estos jueces no pueden viajar a Estados Unidos ni realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense, que tiene un alcance global.
La corte fustigó las sanciones como un «ataque flagrante» a su independencia.»Medidas de este tipo dirigidas contra jueces, fiscales y personal (…) socavan el Estado de derecho», añadió la corte.El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las sanciones como «inaceptables» y llamó a los Estados a que defiendan las instituciones que crearon para «defender los derechos humanos y el Estado de derecho».La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicaron hoy que apoyan «firmemente» a Tomoko Akane, que debe poder «actuar con toda independencia y sin presión exterior».El Gobierno japonés, el mayor financiador de la CPI y estrecho aliado de Estados Unidos, condenó también la medida, que calificó de «muy desafortunada».Para el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, los magistrados sancionados «se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción» de ese tribunal.Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, que creó la CPI en 2002.El Gobierno de Países Bajos dijo que «desaprueba» las sanciones, una condena a la que sumó Alemania.España también deploró el anuncio y destacó que la Corte «desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas».
