Lograr la reinserción integral de los adolescentes se dificulta cuando pesa sobre ellos un señalamiento de cualquier índole a causa de un proceso penal, aseguró el magistrado Rogelio Guzmán Holguín, juez de la sala especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia.
Lo anterior al informar que tanto jueces, ministerios públicos, agentes policiales como medios de comunicación deben preservar información sensible que pueda revelar la identidad de los menores imputados por delitos comunes como de alto impacto, ello de acuerdo con las diversas leyes que los protegen.
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 se registran 856 causas penales en la entidad contra menores por robo, narcomenudeo y violencia familiar, el magistrado resaltó que son contados los casos excepcionales, es decir, los de alto impacto, los cuales merecen un tratamiento distinto, como el chico que asesinó a su padrastro, madre y hermana en la capital o el de Juárez donde unos adolescentes terminaron con la vida de Rosita.
En 2020 se registraron 830 causas penales, sin embargo acotó que el encierro por la pandemia ha elevado el número de casos debido a que los adolescentes tuvieron que convivir con sus agresores, pues la mayoría de los adolescentes infractores viven en entornos adversos.
A la fecha un total de 28 adolescentes, de los cuales 22 son varones y 5 de ellos indígenas, se encuentran recluidos en el Cersai de Chihuahua, mientras que en el de Juárez son 65, de éstos 57 son varones y 3 de ellos pertenecen a una etnia indígena.
