Chihuahua— Productores agrícolas cerraron de manera intermitente durante todo el día de ayer el Libramiento Oriente, que conecta entrada y salida de Chihuahua a Juárez, para manifestar su rotundo rechazo a la nueva Ley de Aguas que está siendo implementada.
Los manifestantes acusaron al Gobierno federal de “malinformar” a la ciudadanía y denunciaron que la nueva legislación, junto con la ineficiencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), amenaza sus derechos históricos sobre el recurso hídrico.
Tomás Parra, líder de la CNC en Aldama, junto con los campesinos José Corral y Manuel Chavira, sostuvieron que la demanda central de los agricultores es clara: “no a la Ley de Agua”.
Según los inconformes, la nueva normativa busca centralizar el control y pone en riesgo los derechos de transferencia del agua, advirtiendo que si un productor busca heredar o renovar su título, Conagua podría declarar el título anterior como caduco, obligando al heredero a solicitar uno nuevo que estaría sujeto a la disponibilidad y al criterio de la dependencia. Temen que, si se centralizan los procesos y no se resuelven los problemas burocráticos pendientes, se les pueda despojar de todos sus títulos.
Además, los agricultores criticaron que la nueva ley les aplica sanciones desproporcionadas y los trata como “simples delincuentes”, señalando que si utilizan el agua de sus propios pocitos en pequeños ranchos para uso doméstico o para dar de beber a sus animales (vacas, caballos), ya estarían violando la ley. Las penalizaciones por estas infracciones oscilan entre los dos y los cinco millones de pesos.
Los productores también criticaron la operación actual de Conagua, acusándola de ser el verdadero problema, porque la dependencia no apoya y los ha mantenido con “puras vueltas” por décadas.
Algunos trámites, como la renovación de títulos, pueden tardar uno, dos o hasta tres años en la oficina de Chihuahua sin ser atendidos.
Esta burocracia no sólo causa frustración, dijeron, sino que impacta directamente en su capacidad productiva: actualmente, los agricultores no pueden acceder a programas esenciales, como la cuota energética, porque no pueden comprobar que sus pozos estén regulados debido a las prórrogas vencidas por la misma Conagua.
La situación es especialmente crítica para quienes vienen de zonas remotas, como Casas Grandes, que deben invertir en traslados y hoteles mientras esperan que sus problemas se resuelvan.
Los agricultores lamentaron que se les tipifique como acaparadores de agua o se les señale por tener bienes, mientras que los políticos pueden poseer “camionetas blindadas, trocas, guaruras y cuanta cosa”.
